Nos informaba, que los datos de la recaudación obtenida en la lucha contra el fraude durante el 2015, que alcanzó el 1,5% del PIB.

Los tres puntos fuertes sobre la lucha contra el fraude en 2015, fueron las inspecciones a los grandes contribuyentes, la detección de la economía sumergida y las actuaciones llevadas para obtener el cobro de deudas tributarias.

Santiago Menéndez, señaló, tal y como os informamos anteriormente, que el plan de control tributario para 2016, seguirá con estos tres ejes, pero que se centrará en las rentas y patrimonio que los residentes declaran tener en el extranjero, así como todos aquellos sectores que trabajan con dinero en efectivo.

Se va a seguir potenciando la estrategia de lucha contra la economía sumergida a través de funcionarios de auditoría informática, en los establecimientos donde se realizan actividades económicas, para detectar posibles manipulaciones de datos de facturación, etc…

Además se seguirán realizando operaciones para detectar alquileres opacos.

Recuerden, la economía sumergida es negativa, para los ciudadanos, para las empresas   y para los consumidores, porque:

a) Como no se declara, no pagan impuestos, por los que no contribuye a los gastos e inversiones del Estado, y por tanto, no revierte en todos nosotros.

b) Como no pagan impuestos, su coste es inferior, por lo que supone una competencia desleal, para todas aquellas empresas que fabrican legalmente, lo que hace que éstas puedan llegar a desaparecer, con las consecuencias negativas que eso acarrea.

c) Los productos, carecen de garantías para el consumidor, ya que no están sometidos a ningún control, por lo que los consumidores no pueden reclamar.

d) Para aquellos trabajadores, que están en el círculo de la economía sumergida, carecen de ningún tipo de protección, no participan en el pago de impuestos, pero sí hacen uso de subvenciones y ayudas del Estado, lo que hace que se desestabilice la balanza y afecte a todos aquellos ciudadanos que contribuyen.

c) No olvidemos que tanto empresas, como trabajadores, se arriesgan a grandes sanciones y a la pérdida de la credibilidad de la empresa en su sector.

No nos olvidemos, una cosa es aplicar reducciones, bonificaciones, etc, para dentro de la legalidad  reducir el pago de impuestos y otra muy distinta, es defraudar.

En la economía sumergida, perdemos todos. A todos nos gusta tener unos servicios públicos de calidad, pero no olvidemos que esos servicios se pagan con el dinero de la recaudación y si ésta aumenta, entre todos conseguiremos que puedan reducir los impuestos que pagamos y a su vez que los servicios sean mayores y de más calidad. Entre todos debemos hacer crecer nuestro entorno y no olvidemos que eso no depende sólo de políticos y empresas, también los ciudadanos contribuimos. No debemos cerrar los ojos ante la economía sumergida.