La Prevención de riesgos laborales es  necesaria para reducir la siniestralidad laboral y la incidencia de las enfermedades profesionales.

La Ley de PRL es clara al señalar al empresario como único destinatario posible de las responsabilidades por el incumplimiento de dicha normativa y se basa en que el empresario es quien tiene en exclusiva el poder de dirección y capacidad de organización sobre la empresa. Por todo ello, el no cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre PRL, dará lugar a una serie de responsabilidades por parte del empresario que se señalan a continuación:

Responsabilidades administrativas: Por incumplimiento por el empresario  de la normativa  en materia de prevención de riesgos laborales.

 Responsabilidades civiles: El empresario puede quedar sujeto a una responsabilidad civil por la comisión de un delito o falta si de sus actos u omisiones se derivan perjuicios para terceros. El trabajador accidentado o su familia  pueden demandar a la empresa por falta de medidas de seguridad o inobservancia de las mismas.

 Responsabilidades penales: El Código Penal establece diversos tipos penales en que puede incurrir el empresario al incumplir su deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Responsabilidades de Seguridad Social: Imputar a la empresa al pago de las prestaciones o mejorarlas por incapacidad o muerte.

Las SANCIONES, van en función del tipo de infracción y el grado de la misma:

Infracciones leves:

• Falta de limpieza en el centro de trabajo. 
• No informar a la autoridad laboral de los accidentes graves, o de la apertura o ampliaciones de importancia de los centros de trabajo. 
• Incumplimiento de la normativa sin trascendencia para los trabajadores. 

Infracciones graves:

• No realizar la evaluación de riesgos y los controles periódicos previstos.
• No realizar los reconocimientos médicos periódicos.
• No realizar la formación de los trabajadores.
• No informar de los accidentes graves, muy graves o mortales.
• No adoptar las medidas de emergencia y de primeros auxilios.
• No facilitar al Servicio de Prevención el acceso a la información y documentación necesaria.

Infracciones muy graves:

• No protección de trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y a menores. 
• Incumplir el deber de confidencialidad en los datos referidos a la salud de los trabajadores. 
• No aplicar medidas preventivas cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente. 
• Acciones u omisiones que impidan el derecho a la paralización de los trabajos. 

Inspección de Trabajo está sancionando como infracción grave en grado medio la no existencia de contrato con un importe de 2.046 €, por no haber impartido la formación a los trabajadores otros 2.046 €, y otros  2.046 € por no realizar los reconocimientos médicos a los trabajadores.

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o consulta sobre lo anteriormente expuesto.